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 Tarifas de gas en el ojo de la tormenta
 

El fallo de La Plata[1]

¿Qué dice la ONG?

Es contradictorio (fallo 1ra instancia) exigir audiencia pública y no suspender los aumentos

¿Qué dice el Gobierno Nacional?

No es exigible la audiencia pública porque estos aumentos son provisorios. Habrá que hacerla cuando se discuta la Revisión Tarifaria Integral

¿Qué dice el fallo?

Los aumentos tarifarios son demasiado importantes, tanto que son la base del cuadro tarifario definitivo, y eso justifica la convocatoria a audiencia pública. Lo contrario sería vaciar de contenido el derecho a la participación de los usuarios.

¿El fallo se aplica en Santa Fe?

Sí. Al declarar la nulidad de las resoluciones que instrumentaron el aumento, lo hace para todos los usuarios del país, incluida Santa Fe.

 

¿Por qué es importante la audiencia pública?

Desde un punto de vista formal, es esencial[2] para el dictado del acto aprobatorio de la nueva tarifa. Luego, sin ella, el acto es nulo.

Desde un punto de vista sustancial, es el medio elegido por el legislador para ejercer los derechos del art. 42 CN, y, aunque de eficacia discutida, hoy es el único modo de moderar decisiones privadas o públicas con efectos colectivos de alto impacto[3].

 

La primera respuesta de la CSJN : 12 preguntas

Esta medida nos motiva otras preguntas más:

¿la CSJN está marcando el camino que debería haberse recorrido antes de estas medidas drásticas?

¿es lo que se debería haber preguntado en la audiencia pública?

¿la CSJN tiene un problema más político que jurídico?

¿la CSJN quiere ganar tiempo para la sociedad digiera el problema  le quite impacto a la su sentencia final?

 

¿Por qué es importante la resolución que tome la CSJN?

Porque el estilo de Gobierno demostrado por esta gestión evidencia una falta de respeto por los derechos de los consumidores, y los entes de control han demostrado también nula eficacia, con lo cual el problema es quién controla al Gobierno. La CSJN dirá si es la sociedad civil o … quién sabe.

 

Otras jurisdicciones con cautelares positivas

Córdoba (Cám. Fed.) – Santiago del Estero – Río Negro – Mendoza (en la CSJN) – La Plata (Cám. Fed. – 1ra. Instancia en contra) – Mar del Plata (Cám. Fed.) - Neuquén – Chubut – Santa Cruz – San Luis – Jujuy -

Jurisdicciones con rechazo de cautelares

Santa Fe – por falta de legitimación

 

Balbín: el Procurador

En un amparo anterior, que se había presentado en la provincia de Chubut, Balbín ya había planteado que debía ser resuelto, en forma excluyente, por la Corte. En el amparo contra la resolución adoptada en Mendoza, Balbín insistió en que el asunto debe ir a la jurisdicción nacional, aunque sea por la vía de per saltum. Ahora, el nuevo fallo sobre Córdoba terminará en un planteo similar.

En una presentación que hizo Balbín el lunes pasado, incluso, hay una pista interesante sobre el futuro: en la misma línea que había anunciado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, semanas atrás, Balbín dijo que se convocará a audiencias públicas cuando, en breve, comience la revisión integral de cuadro tarifario. (fuente: La Nación)

 

 



[1] expte. N°FLP 8399/2016/CA1 caratulado “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA  IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA s/ Amparo colectivo”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata.

[2] Ley 24.076 – art.  46. — Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.

Recibida la solicitud de modificación, el ente deberá resolver en el plazo de sesenta (60) días previa convocatoria a audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince (15) días de la recepción de la citada solicitud.

[3] Ello  es   así  porque  la  realización  de  una audiencia  pública  no  sólo  importa  una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus  derechos, un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública, una garantía de  transparencia de los procedimientos y un elemento de democratización del poder, sino que  ­­en   lo   que   hace   al   "sub   examine"­­   resultaría   una   vía   con   la   que   podrían   contar  los usuarios para ejercer su derecho de participación en los términos previstos en el invocado art. 42 de la Constitución Nacional antes de una decisión trascendente.” Consid. 8º voto Dr. Alvarez.

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